Corte Constitucional de Guatemala niega justicia a pueblos indígenas afectados por la minería

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15 de marzo de 2013
Corte Constitucional de Guatemala niega justicia a pueblos indígenas afectados por la minería

(Washington, D.C./Ciudad de Guatemala/Ottawa) – El 1 de marzo, la prensa nacional de Guatemala dio a conocer que la corte más alta del país declaró sin lugar, un recurso de amparo interpuesto por el Consejo del Pueblo Maya de Occidente (CPO) en contra de la actual Ley Minera, vigente desde 1997. El CPO argumenta que la Ley Minera es inconstitucional porque se aprobó sin un proceso de consulta previa con los pueblos indígenas. La decisión de la corte, emitida un año después de que se presentó el recurso, contradice las obligaciones internacionales de Guatemala de respetar los derechos humanos y representa un retroceso con respeto a la decisión de 2011 de la Corte de Constitucionalidad cuando falló a favor del derecho de la población indígena a la consulta previa sobre actas administrativas o legislativas que podrían afectar sus territorios y recursos naturales.

El sector minero en Guatemala ha sido una fuente de conflicto permanente. Durante los últimos meses han aumentado las amenazas, la criminalización y la violencia en torno a los proyectos mineros. Hay más de 400 licencias mineras otorgadas y más de 700 licencias pendientes, y la falta de respeto para el consentimiento libre, previo e informado es la raíz de gran parte de la tensión.

Bajo los Acuerdos de Paz de Guatemala, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Guatemala está obligada a respetar el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado sobre cualquier proyecto que podría impactarles de una forma adversa, y de consultarlos antes de aprobar leyes o iniciativas administrativas que afectarían sus derechos.

“Esta decisión es una contravención de las obligaciones internacionales de Guatemala de respetar los derechos indígenas, y un señal desagradable sobre como el sistema jurídico guatemalteco sigue negando  la justicia a la población maya del país,” dijo Kris Genovese, abogada principal del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL por sus siglas en inglés).

En diciembre de 2011, la Corte de Constitucionalidad dio un paso hacia mayor respeto para estos derechos al suspender definitivamente el reglamento para el proceso de la consulta previa propuesto por el gobierno debido a que los pueblos indígenas no habían sido consultados previamente sobre la propuesta. La decisión que la Corte emitió este mes es un retroceso decepcionante.

“Esta decisión no es solo una negación de la justicia, sino también una negación de la existencia del derecho de los pueblos indígenas de participar como actores políticos,” manifestó Francisco Mateo Rocael,  representante del Consejo del Pueblo Maya de Occidente. “Sabíamos que fue poco probable ganar el recurso en este caso. A pesar de nuestros buenos argumentos legales, el poder económico y político aún tiene influencia sobre el sistema  judicial en Guatemala.”

Cabe notar que en agosto de 2012, apenas un mes después de la audiencia sobre el recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley Minera, un grupo de parlamentarios canadienses y un senador canadiense, viajaron a Guatemala con el Presidente de la Junta Directiva de Goldcorp. La empresa minera Goldcorp pagó los costos del viaje. Goldcorp es una de los productores de oro más grandes del mundo y una de sus minas más lucrativas se ubica en el altiplano noroeste de Guatemala. Durante su estadía en el país, la delegación canadiense se reunió con la comisión legislativa encargada con el desarrollo de la legislación minera en Guatemala.

“No sabemos qué sucedió tras puertas cerradas, pero la delegación llegó en un momento crítico, cuando la decisión de la Corte de Constitucionalidad estaba pendiente,” comentó Jen Moore, Coordinadora del Programa sobre América Latina para Alerta Minera Canadá.  “Guatemala tiene la obligación de respetar los derechos de los pueblos indígenas en el país, pero hay que preguntar también qué papel podrían haber jugado los intereses canadienses y de qué manera pudiera haber entrado en contradicción con la responsabilidad que tiene Canadá para promover el respeto para los derechos indígenas.”

El Consejo del Pueblo Maya de Occidente (CPO) llevará el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El CPO es una coalición de autoridades e instituciones indígenas de siete departamentos de Guatemala, la cual ha organizado alrededor de 60 consultas comunitarias hasta la fecha en las que las comunidades indígenas votan para decidir si aceptan o rechazan los megaproyectos en sus territorios. Hasta la fecha, más de un millón de personas han votado contra la minería. Una encuesta efectuada a principios de 2013 muestra que 66% de la población guatemalteca se opone a la minería.

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Contactos:

• Amanda Kistler, Centro para el Derecho Internacional Ambiental, akistler@ciel.org, 202-742-5832
• Jen Moore, Alerta Minera Canadá, jen@miningwatch.ca, 613-569-3439

Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) se ha comprometido a fortalecer y aprovechar las leyes e instituciones internacionales para proteger el medio ambiente, promover la salud humana y garantizar una sociedad justa y sostenible. CIEL es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la incidencia para el bien común global proporcionando asesoramiento jurídico,  investigación política, análisis, educación y construcción de capacidad.

Alerta Minera Canadá es una iniciativa pan-canadiense respaldada por organizaciones indígenas, del medio ambiente, de la justicia social y de sindicatos de diversas partes del país. Esta organización trabaja sobre la necesidad urgente de una respuesta coordinada ante los riesgos para la salud, la calidad del agua y el aire, el hábitat acuático y la vida silvestre, así como los valores de las comunidades afectadas por la imposición de las prácticas y políticas mineras en Canadá y en el resto del mundo. Tiene un enfoque especial sobre los patrones de operación de las empresas mineras canadienses y las políticas mineras del gobierno canadiense.

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